Por: José Antonio Maradiaga Rodríguez
La reciente acción de la Agencia Técnica de Investigación del Crimen (ATIC), respaldada por la Policía Militar, marca un hito en la lucha contra la corrupción dentro del gremio de abogados de Choluteca. Con una intervención sorpresiva en la denominada “calle de los abogados” en Choluteca, las autoridades pusieron bajo escrutinio 14 bufetes de abogados acusados de prácticas ilegales que han minado la confianza pública en el sistema jurídico.
Las denuncias presentadas por la Contraloría del Notariado no son menores. Se señala la prestación de servicios notariales sin la presencia del notario, el manejo indebido de protocolos, autorizaciones de menores para salir del país sin las garantías de representación, traspaso de vehículos, donación de propiedades y emisión de autenticas notariales sin control legal. Estos delitos no solo vulneran la ley, sino que afectan directamente a ciudadanos que confían en los servicios notariales para trámites esenciales.
El problema de la corrupción en el sector legal no es nuevo en Honduras. La historia ha demostrado que ciertos abogados han utilizado su conocimiento para burlar el sistema en lugar de protegerlo. Incluso, el Colegio de Abogados de Honduras ha tenido entre sus filas personajes que han terminado tras las rejas por apropiaciones indebidas de grandes sumas de dinero. La impunidad ha sido, por años, un cáncer difícil de erradicar.
Sin embargo, la intervención en Choluteca abre una esperanza de cambio. Es imperativo que la ATIC continúe aplicando el peso de la ley no solo en esta ciudad, sino en todos los bufetes del país. El ejercicio de la abogacía debe recuperar su dignidad y respeto, y aquellos que la han ensuciado con prácticas ilícitas deben enfrentar la justicia sin privilegios ni evasivas.
El Colegio de Abogados de Honduras tiene una responsabilidad clave en este proceso. No basta con declaraciones de principios; debe tomar acciones contundentes para depurar a los miembros que han sido señalados como corruptos. La ética, la moral y la honradez no pueden ser valores opcionales en el ejercicio de esta profesión.
Por su parte, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia deben abandonar cualquier postura de indulgencia con abogados y notarios, salpicados en estos delitos. La sociedad hondureña merece un sistema jurídico confiable, donde los notarios sean verdaderos garantes de la legalidad y no actores en una red de irregularidades.
Si queremos que la abogacía recupere su prestigio, es necesario que cada institución cumpla su función con firmeza. Las leyes están para ser respetadas, y aquellos que las han convertido en un negocio ilícito deben pagar las consecuencias.
