Por: José Onorio Cruz
Director FDC
Localización: Choluteca y Valle, Honduras
En el sur de Honduras, la defensa del medio ambiente se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Lo que las empresas y el Estado presentan como «energía limpia» y «desarrollo minero», las comunidades locales lo experimentan como un proceso de despojo, criminalización y vigilancia constante.
1. El Surgimiento de la Resistencia: De los CDNs a P-caiesur
La lucha no es nueva. Sus raíces se remontan a 1999 con la creación de los Comités de Defensa de la Naturaleza (CDNs), organizados con apoyo de Cáritas ante la inminente llegada de proyectos extractivos a Choluteca y Valle. En 2021, este esfuerzo se reorganizó bajo la Plataforma de Comunidades Afectadas por las Industrias Extractivas en el Sur de Honduras (P-caiesur), que hoy agrupa a 14 municipios en resistencia.
Los focos de conflicto actuales incluyen:
Namasigüe: Resistencia contra proyectos fotovoltaicos y minería.
El Corpus y Concepción de María: Conflictos por minería.
San Marcos de Colón : Denuncias por tala de bosque y minería en zonas como La Botija.
Orocuina y Apacilagua: Proyectos mineros activos.
2. La Cara Judicial del Conflicto: «Firmar como castigo»
Uno de los hallazgos más alarmantes de esta investigación es el uso del sistema judicial para desgastar a los defensores. En la zona de Los Prados, Namasigüe, ocho defensores han pasado años presentándose semanalmente a firmar en los juzgados.
A pesar de que inicialmente hubo 32 personas criminalizadas por oponerse al proyecto fotovoltaico de la empresa Solar y Norfund, apoyado por capitales internacionales, la presión judicial persiste para nueve de ellos. El traslado de sus casos de Choluteca a Namasigüe ha sido descrito como una táctica de obstaculización, obligando a los defensores a tomar hasta tres medios de transporte para cumplir con una medida impuesta por defender su agua y su tierra.
3. El espejismo del desarrollo y la promesa política
Organizaciones como MASSVIDA, liderada por Fidelina Pérez, mantienen un escepticismo justificado. Denuncian que, a pesar de los cambios de gobierno, proyectos como las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) han operado en la sombra y los cabildos abiertos que rechazan la minería no siempre han sido respetados por las autoridades.
4. Una Amenaza Global: La IA y los Derechos Humanos
La investigación también conecta la realidad local con desafíos globales. La emergencia de la Inteligencia Artificial General (IAG) plantea nuevos riesgos para la libertad de expresión y la seguridad de los activistas. Documentos académicos advierten que la concentración de esta tecnología en manos de unos pocos podría socavar las instituciones democráticas y alimentar conflictos geopolíticos. Para los defensores en Honduras, esto se traduce en una mayor capacidad de vigilancia digital y campañas de desinformación automatizadas.
Conclusión: Vigilancia Permanente
»El pueblo de Namasigüe ha despertado», afirman los líderes locales. Con dos declaratorias de municipio libre de minería y proyectos fotovoltaicos logradas mediante cabildos abiertos y consultas ciudadanas, la comunidad ha marcado su propia hoja de ruta.
No obstante, mientras los defensores sigan siendo tratados como criminales en los juzgados, la promesa de una «justicia económica para el pueblo» seguirá siendo, para el sur de Honduras, una asignatura pendiente.
