Por: Dunia Molina

Tegucigalpa — La política hondureña atraviesa un momento de tensión mientras el gobierno de la presidenta Xiomara Castro impulsa una serie de reformas que generan tanto respaldo como preocupación entre distintos sectores del país. Las propuestas incluyen cambios en el sistema judicial, la lucha contra la corrupción y una reestructuración del sistema energético, lo que ha reavivado el debate sobre la dirección del país.

La administración de Castro, respaldada por el partido Libertad y Refundación (Libre), sostiene que estas reformas son necesarias para desmontar las estructuras heredadas de gobiernos anteriores, marcados por escándalos de corrupción y una fuerte influencia de intereses privados. Funcionarios del Ejecutivo insisten en que Honduras necesita una transformación profunda para avanzar hacia una democracia más equitativa.

Sin embargo, sectores de la oposición, especialmente del Partido Nacional y del Partido Liberal, acusan al gobierno de actuar de manera autoritaria y de utilizar las reformas como una excusa para concentrar poder. En el Congreso Nacional, las discusiones se tornan cada vez más polarizadas, y algunos legisladores denuncian la falta de consensos y el uso excesivo de decretos ejecutivos.

Mientras tanto, la población se mantiene atenta. Las calles de Tegucigalpa y otras ciudades del país han sido escenario de marchas a favor y en contra del gobierno. Organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y sindicatos participan activamente en el debate político, exigiendo transparencia y mayor participación ciudadana en las decisiones clave.

Uno de los temas más controversiales es la propuesta de instalar una nueva Comisión Internacional contra la Corrupción, con el apoyo de las Naciones Unidas. Aunque el gobierno celebra el avance en las negociaciones, los críticos señalan que sin independencia real y sin voluntad política para enjuiciar a figuras de todos los partidos, la comisión podría convertirse en un simple símbolo sin efectividad.

En medio de este clima, los analistas advierten que la estabilidad democrática de Honduras depende de la capacidad de diálogo entre los distintos actores políticos. El país se encuentra en una encrucijada: avanzar hacia una renovación institucional o caer en una nueva etapa de confrontación y estancamiento.